El Salvador, en perspectiva de grave crisis
JUAN JOSÉ DALTON | Jueves, 22 de Diciembre del 2016
El Parlamento salvadoreño cerró sus actividades el pasado miércoles sin aprobar el presupuesto para 2017, con lo que se coloca al país en perspectiva una grave crisis económica, social y política
El Gobierno encabezado por el exjefe guerrillero izquierdista Salvador Sánchez Cerén presentó en septiembre pasado un presupuesto de gastos para 2017 con un monto de 4.957 millones de dólares, no obstante, las bancadas de derechas, encabezadas por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), decidieron no dar sus votos al alegar que “el presupuesto no estaba completo y que además, estaba desfinanciado”.
Extraoficialmente un funcionario de Gobierno, quien prefirió el anonimato, apuntó que la no aprobación del presupuesto por la derecha local fue en “venganza” por el hecho que a instancia gubernamentales se aprobó en este mes una nueva ley del salario mínimo, con lo que entrará en vigencia del pago de 300 dólares mensuales para los trabajadores de la ciudad y 250 para los trabajadores agrarios. El incremento fue de un aproximado del 15 por ciento, lo cual enfureció al sector empresarial.
Lo que se evidencia es la polarización política y las pruebas de fuerzas que constantemente se manifiestan, al tener la izquierda en sus manos el Gobierno, y las manos de la derecha los órganos Legislativo y el Judicial.
En tanto, el diputado de ARENA, Alberto Romero, apuntó que “era necesario hacer ajustes en algunas partidas (presupuestarias), así como garantizar el financiamiento para algunas áreas antes de pensar en los votos para el presupuesto”.
En tanto, el diputado de Gran Alianza Nacionalista (GANA) y actual Presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Galllegos, expresó tajantemente que su partido no estaba preparado para acompañar la aprobación del presupuesto porque "faltan algunos temas que tratar", en referencia al escalafón de los trabajadores de la salud, el pago del Fondo para el desarrollo municipal (Fodes) y las pensiones, entre estas especialmente para los militares.
Ordinariamente, los fondos para alcaldías, escalafones y pensiones, se pagan con préstamos bancarios, que la oposición no le ha querido aprobar al Gobierno y por lo cual éste padece de una grave crisis fiscal que le ha imposibilitado de pagar la deuda interna y externa, así como a los proveedores. Se trata de un monto de aproximadamente 1.200 millones de dólares.
La Constitución establece que ante la falta de presupuesto para el año nuevo, se debe comenzar con el presupuesto que estuvo vigente el año anterior, es decir, 4.860 millones de dólares (aprobado en 2016), 97 millones menos.
Altos funcionarios de Gobierno, como los jefes de los gabinetes de Seguridad y de Planificación, Hato Hasbún y Roberto Lorenzana, respectivamente y considerados como las “manos derechas” del presidente Sánchez Cerén, afirmaron que la no aprobación del presupuesto pone el peligro un monto de inversión social de unos 900 millones de dólares.
Los dos últimos gobiernos son del izquierdista y exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que datan desde 2009 hasta el momento actual. Estos ha dedicado fondos estatales para las áreas sociales excluidas anteriormente: proyecto de Vaso de Leche para los escolares; entrega de zapatos y uniformes para escolares de primaria; pensión básica universal para ancianos; creación de clínicas en las comunidades rurales y aisladas, entre otros.
Para los sectores de derecha y empresariales estos gastos, como el de una computadora por alumno, incremento en contrataciones de médicos y agentes de la policía, son equivalentes a despilfarro e incrementan el déficit fiscal.
“De continuar el presupuesto anterior (el de 2016) no habrá escalafón, no habrá inversión porque obras físicas no se repiten; Fodes no crecería y el By-pass de San Miguel (obra de construcción) no podrá ejecutarse por la falta de aprobación de presupuesto”, dijo finalmente la diputada del FMLN Lorena Peña.
En El Salvador la crisis se debe esencialmente a la falta de entendimiento político de las distintas fuerzas. Lo han sostenido distintos analistas como Alberto Arene, Roberto Rubio y David Escobar Galindo, que han llamado al logro de un acuerdo nacional.
El Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y hasta la embajada de Estados Unidos, también han hecho el mismo reclamo. Mientras, en lo que va de este 2016 Gobierno y oficialismo, oposición política y sectores empresariales, han hecho caso omiso de tales peticiones, y con ello hunden a esta nación centroamericana en un abismo que no tendrá salidas fáciles.
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