Trump comienza su ofensiva contra las regulaciones que buscaban proteger al sector financiero de una nueva crisis
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes una nueva orden ejecutiva donde pide la revisión, con miras a un posible desmonte, de varias medidas de regulación al sector financiero contenidas en la Ley Dodd-Frank, aprobada en 2010 durante la gestión de su antecesor, Barack Obama.
Las regulaciones a los bancos habían aumentado como una medida para evitar que se repitieran los abusos que llevaron a la crisis financiera global de 2008.
Trump había dicho durante su campaña que levantaría muchas de estas regulaciones para darle más dinamismo a la economía.
Los bancos se han quejado que las normas impuestas por la Ley Dodd Frank eran excesivamente restrictivas.
Desastre
"Dodd-Frank es un desastre", dijo el mandatario a comienzos de semana.
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"Esa ley es un ejemplo masivo de intervención estatal excesiva", le dijo un alto funcionario de la Casa Blanca a la periodista Tara McKelvey de la BBC el pasado jueves.
Aseguró que un cambio en las reglas le daría más poder al consumidor para tomar decisiones financieras "independientes".
Bancos demasiado grandes
La Ley Dodd-Frank buscaba enfrentar el problema de los bancos "demasiado grandes para caer", la idea que los bancos tomarían riesgos excesivos porque suponían que ningún gobierno se arriesgaría a dejarlos caer en la bancarrota, ante el impacto que podría tener su derrumbe en el resto de la economía.
Por ello, el anterior gobierno de Obama promovió legislación que obligaba a los bancos a reducir sus niveles de deuda.
AFP
También creó un consejo de supervisión de la estabilidad financiera, que buscaba promover la disciplina en el mercado.
Todo esto con el fin de prevenir una situación como la que se presentó a finales de 2008.
En ese momento, varias instituciones financieras, incluyendo a la legendaria Lehman Brothers, se desplomaron ante los efectos de una crisis hipotecaria, en la que los bancos habían comprado miles de millones de dólares en títulos respaldados por hipotecas, que habían perdido su valor.
En los últimos meses del gobierno de George W. Bush, y los primeros del de Barack Obama, las autoridades inyectaron miles de millones de dólares de fondos públicos para garantizar la solidez de los grandes bancos, pues se temía que estos eran "demasiado grandes para caer".
Al tiempo que millones de estadounidenses perdían sus viviendas, los banqueros se vieron recompensados con rescates estatales a sus empresas, una situación que generó gran rechazo en la opinión pública y ayudó a impulsar la aprobación de la Ley Dodd Frank en 2010.
Protección al consumidor
La norma impulsada por Obama igualmente introdujo elementos de protección al público de posibles abusos por parte de las instituciones financieras, mediante una nueva agencia, el Buró de Protección Financiera al Consumidor.
Después de 2008 se dijo que parte de la crisis hipotecaria había sido causada por prestamistas inescrupulosos que, aprovechándose del poco conocimiento financiero de muchos estadounidenses, les habían inducido a endeudarse más allá de sus capacidades de pago.
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Por lo que las normas establecían estrictos códigos de conducta para las empresas financieras con el fin de evitar lo que se conoció como "préstamos depredadores".
La orden ejecutiva firmada por Trump apunta en dirección contraria.
Por ejemplo, aplaza por 180 días la entrada en vigor de la llamada regla de responsabilidad fiduciaria, propuesta por Obama, que requería que los asesores financieros pusieran el interés de sus clientes primero cuando estuviesen dando consejo sobre inversiones en pensiones.
La regla buscaba evitar que los asesores financieros dirigieran a los clientes hacia inversiones con comisiones y tarifas más altas que podrían reducir su ahorro para el retiro.
Pero los críticos decían que la regla limitaba las opciones financieras disponibles a los pensionados, al obligar a las firmas financieras a aconsejarles opciones de bajo riesgo.
Como ha ocurrido con otras ordenes ejecutivas de Trump, la anunciada el viernes es apenas el primer paso para una eventual reforma de las leyes que gobiernan al sector financiero en Estados Unidos.
Pero desde ya demuestra un cambio fuerte de dirección en las labores del Estado para prevenir nuevos abusos de parte del sector financiero.
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