Catalino no paga a las pandillas
Un pickup blanco doble cabina, que ha transitado la carretera de San Salvador al puerto de La Libertad como si lo persiguiera un espanto, se estaciona en un predio baldío a la entrada de Zaragoza. Del lado del copiloto se baja un hombre al que sus colegas conocen como Tragaperras. Tragaperras recogerá el dinero del pasaje a todos los microbuses de la ruta 152 que bajen esta noche de abril por la callejuela oscura frente al predio. Del lado del piloto se baja El Chele, un hombre de 38 años que hoy lleva al cinto una pistola Browning 9 milímetros y en las manos un fusil AK-47. El Chele custodiará que Tragaperras quite el dinero a los microbuseros.
Unas cuadras más allá de este retén improvisado está el centro del municipio de Zaragoza, territorio disputado por la Mara Salvatrucha-13 y el Barrio 18 Revolucionarios, y unos cinco kilómetros más abajo, más oscuro, entre el monte, está el cantón El Zaite, donde gobierna la MS-13.
Al filo de las 10 de la noche, frente al predio, ha desfilado una decena de microbuses y cada motorista entregó a Tragaperras el dinero de su caja. Tragaperras cuenta los billetes y monedas y las ordena por denominación. El Chele fuma y vigila. Tragaperras ha juntado esta noche 313 dólares y ya pasó el último bus que hace su recorrido del centro de la capital hasta la colonia Brisas de Zaragoza. Los microbuses, cargados de pasajeros, continuaron su recorrido hasta su parqueo —punto, le llaman en la jerga busera— adentrado en área de férreo control emeese. Tragaperras y El Chele dejaron a los motoristas sin un centavo del pasaje.
Cumplieron la orden que les dio su jefe, el dueño de todos esos buses, Catalino Miranda.
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Catalino Ezequiel Miranda Arteaga es uno de los zares buseros del país. Es empresario de buses desde finales de los años 70. Fundó Acostes en 2004, una empresa que tiene 313 permisos de circulación de buses para siete recorridos en 12 municipios del área paracentral: San Salvador, La Libertad y Cuscatlán. En 1992 participó en la creación de la Federación de Empresarios del Transporte (Fecoatrans), y es actualmente su presidente. Ahí se reúnen 80 compañías de empresarios del transporte, de las que Catalino tiene la más grande. Fecoatrans asegura en sus redes sociales que reúne 4,500 buses y microbuses. “De un 33 % a un 40 % de la flota total a nivel nacional”, se jacta Catalino.
Catalino es un hombre de maneras campechanas, que llama a sus empleados por su apodo: Tragaperras, El Chele, Mi Villano Favorito, Mala Suerte, Calcetín. Es un hombre que se dice protegido “por Dios, las manos y la nueve milímetros” y que defiende “el fusilamiento” como forma de alcanzar “la paz social sostenida”, porque un pandillero, “dentro de su religión satánica, jamás se va a componer”.
Catalino quiso ser diputado y fundó el Partido Popular en 2011. Sin embargo, tras unos meses de existencia, durante el proceso de elección de candidatos, el partido se disolvió cuando Catalino y otro de los fundadores se expulsaron mutuamente acusándose de corrupción. Uno de los líderes del partido que apoyó el lado de Catalino fue el exdiputado Horacio Ríos, ahora prófugo y acusado de pertenecer al Cártel de Texis.
Pero nada de lo anterior es el principal argumento para hacer de Catalino un verdadero personaje en El Salvador. Hay algo más extraordinario acerca de él: el hombre no paga ni un centavo de extorsión a las pandillas desde hace al menos 10 años, lo reconoce públicamente y sigue vivo.
En un país en el que es más peligroso ser busero que policía, Catalino no paga extorsión.
Entre 2010 y 2015, según datos de la Policía, fueron asesinados 692 empleados del transporte de pasajeros y, en el mismo período, 93 policías. 123 de esos asesinatos de transportistas ocurrieron en los siete municipios donde los buses de Catalino prestan servicio. La principal teoría policial es que los asesinatos ocurren por el impago de la extorsión por parte de los dueños de buses: el dueño no paga, las pandillas matan al empleado. Catalino reconoce que desde 2004 hasta la fecha, “unos 26 o 28 motoristas y cobradores” de su empresa han sido asesinados. Al último de ellos, apodado Malasuerte, pandilleros le dispararon en la cabeza en Cojutepeque el 10 de marzo de este año, mientras conducía un bus. El asesinato quedó registrado por las cámaras de vídeo que tienen los vehículos de Catalino.
Catalino sigue sin pagar extorsión.
Catalino es una excepción en un país donde la extorsión pandillera es una regla. El 70 % de todas las empresas del país paga, concluyó la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) en un estudio realizado en 2013.
Entre 2013 y 2015, la Policía recibió 7,506 denuncias de extorsión, algo que las autoridades mismas ven como una pequeña porción del total. La Fiscalía, en el mismo plazo, solo ha logrado la condena de 424 pandilleros por ese delito.
En el país de la extorsión y la impunidad, Catalino es la brutal respuesta a esta pregunta: ¿qué debe hacer uno para no pagar a las pandillas? “Sobre la mesa no pago”, explica el mismo Catalino. Bajo la mesa, sus motoristas sí pagan.
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“Con la 38-F tenemos problemas en Los Ángeles, Apopa. Los pandilleros quieren 4 dólares por unidad. Ya los mandé a comer mierda. Les dije a los motoristas que la empresa tiene su política. Les dije: ‘si ustedes tienen un trato con los pandilleros, cúmplanlo’”, dice Catalino, desde su oficina en el centro de San Salvador, rodeada por clicas de la MS y del Barrio 18 Revolucionarios. Catalino asegura que mandó “comer mierda” a pandilleros de un municipio en el que 37 empleados del transporte de pasajeros fueron asesinados en el último lustro.
Tragaperras, uno de los hombres de confianza de Catalino, encargado de coordinar el trabajo de las patrullas que vigilan las rutas de sus microbuses, sostiene entre dos dedos una bala de 9 milímetros, y complementa a su jefe: “Estas cápsulas anulan la renta. Son chips que se les instalan en la cabeza”.
Las dos frases anteriores resumen la fórmula de Catalino: pago indirecto y armas. Catalino es un empresario de buses que ha hecho pública su negativa a pagar. Eso lo hace particular en un mundo en el que incluso existen exdiputados como Genaro Ramírez o Elizardo González Lovo cuyas empresas de transporte pagan extorsión e incluyen ese gasto en sus balances contables anuales. Genaro Ramírez, que compitió para la vicepresidencia de la república en 2004, calcula que en sus 19 años como empresario del rubro ha pagado alrededor de medio millón de dólares en extorsión a las pandillas.
Las pandillas gobiernan las puntas de las rutas donde los buses de Catalino hacen meta: asesinan a sus empleados y les cobran dinero para dejarlos trabajar. “A las unidades muchas veces les quitan 2 dólares por bus”, reconoce Catalino. Su bravura no garantiza tranquilidad a sus empleados, pero tampoco ha sufrido los niveles de violencia que cualquiera imaginaría que las pandillas desatarían ante un reto de este nivel. Varios buses han sido quemados en el país por el impago de renta de sus dueños.
Catalino agrega otro elemento a su fórmula: el miedo. Los pandilleros que gobiernan las metas de sus buses en Quezaltepeque, Apopa, Santa Tecla, Cojutepeque, Zaragoza, Nejapa y el centro capitalino saben que golpear a Catalino tendrá como consecuencia una represalia.
Todo lo anterior ocurre bajo un mismo principio: los empresarios como Catalino y Genaro están convencidos de que denunciar la extorsión no es una solución. Parten de que hay que resolver estas amenazas por cuenta propia. Peleando, como Catalino, o pagando, como Genaro.
La entrevista con Catalino ocurre a mediados de abril en su fortaleza del centro. Alrededor de su fortaleza hay ventas ambulantes, ruido, humo, y decenas de pasajeros esperando que salgan los vehículos. Todo parece revestido de hollín. La fortaleza es un amplio parqueo de buses que tiene a uno de sus costados un piso elevado, desde el que se ve el parqueo. En ese segundo piso hay tres secciones: una donde se llevan las cuentas de lo que ingresa, las monedas de las cajas de los buses; otra donde cinco personas vigilan monitores que transmiten en vivo lo que filman las cámaras instaladas en la fortaleza, los buses y en algunas de las puntas; y un tercer espacio, con una oficina para Catalino y una sala de reuniones. La conversación ocurre en la sala de reuniones, con la 9 milímetros de Catalino sobre la mesa. En una esquina de la sala, detrás de Catalino, hay un montón de chalecos antibalas, una escopeta, dos fusiles de asalto y varios cargadores.
Abajo, en el parqueo, cuatro hombres con fusiles y pistolas custodian la entrada a la fortaleza. A veces hay más. Hoy hay cuatro. Al menos uno de ellos acompaña siempre a Catalino. El resto se divide labores: custodian la fortaleza, salen en los pickups a las horas pico a quitar las cajas a los motoristas antes de que entren a las puntas, y reaccionan si alguna de las cámaras reporta alguna amenaza.
Cada ciertas tardes, Catalino mueve a sus hombres armados a recoger las cajas para evitar que los pandilleros las roben en las puntas y para mostrar músculo.
El plan le ha dado resultados relativos. Los pandilleros en esas puntas ya asumieron que la extorsión la pagan los empleados y no el patrón, aunque eso implique a las pandillas renunciar a cantidades mayores. Es raro encontrar a un empresario que pague menos de 400 dólares mensuales a pandilleros por una flota de 20 buses o microbuses. Catalino tiene muchos más. Los empresarios que pagan no solo desembolsan mensualmente, sino que entregan "aguinaldo" a los pandilleros y contribuciones especiales cuando hay algún muerto en la clica. También prestan buses para que los familiares vayan a funerales o para que los pandilleros y sus familias vacacionen en la playa. El bus, el motorista y el combustible corren por cuenta del empresario. En el oriente, algunas clicas incluso exigen el préstamo de buses durante cuatro días en Semana Santa y en la vacación de agosto. Una vez que un dueño de buses acepta la extorsión, la pandilla es su sanguijuela. Es cada vez más doloroso tenerla adherida, pero puede ser más doloroso arrancársela.
Sin embargo, ni los AK-47 de Catalino han desmotivado del todo los ataques pandilleros. La empresa ha sufrido el asesinato de Malasuerte y de otros dos empleados entre 2015 y 2016. Pero es claro que la muerte ajena no persuadirá a Catalino. “Ha sido muy difícil, porque fui muy duro para negociar; como le dije a uno, que si se terminaban a todos (los motoristas y cobradores)… le dije que los matara, que al final somos ocho millones de salvadoreños, y que no iba a durar toda la vida eso”, dice Catalino.
¿Cuánto invierte Catalino en las cámaras, las pantallas, los hombres que las vigilan, las armas, los carros y los matones? “30,000 dólares al mes, y ahí va incluido radioteléfonos, armas, vehículos… No va incluida la planilla de los obreros de campo (motoristas y cobradores)”, explica.
La opción de Catalino es excluyente para la gran mayoría de empresarios de buses, dueños de uno, dos o diez vehículos. Es posible para empresas como Acostes, que ha llegado a tener activos por arriba de los 4 millones de dólares.
Surge una pregunta obvia: ¿financieramente no le resultaría mejor a Catalino pagar extorsión? “Me voy a sentir mal como empresario y cristiano de saber que murió un policía con las armas que compraron con mi dinero; me va a doler que un compañero empresario muera, y sería cómplice”, responde.
En algunas de sus respuestas, Catalino se ensalza como ejemplo moral, alguien que paga más para evitar el mal. En otras respuestas, muestra otro estándar y deja a su suerte a sus motoristas y cobradores: “No te quiero decir que no tengamos problemas en las puntas o los trueques entre los empleados y estas bandas para que los dejen trabajar… Les quitan, les roban”.
Catalino decidió confiar en sus métodos y no en fiscales que tienen “300 o 400 expedientes” o en policías y fiscales que “comprometen al testigo y ese testigo es muerto”. “Por eso —dice— la empresa tiene esas investigaciones paralelas para saber de dónde viene el atentado”.
Catalino busca “contratar exmiembros del ejército, porque son más cautos y disciplinados”. El Chele, por ejemplo, el que llevaba el AK-47 en Zaragoza, fue reclutado a finales de los 80 por la guerrilla, cuando era solo un niño, para labores de mensajería y para ser entrenado en combate. Se escapó del campamento y, aun niño, se enlistó en el ejército como protección. Carga fusiles desde niño.
Catalino no esconde que “si vienen a atacar la empresa, va a haber refuego, esas instrucciones están dadas”, y acepta que contrata investigadores privados para averiguar el motivo de los asesinatos y ataques contra sus empleados, pero no acepta que se vengue de pandilleros cuando concluye que fueron responsables. “Un empresario nunca invierte para matar personas”, asegura.
Tres empresarios de transporte aseguraron que Catalino ocupa técnicas “poco legales”, como dijo uno de ellos, para lidiar con las pandillas. Catalino, entre risas, acepta haber ofrecido “1,000 dólares por la cabeza de uno” en Facebook; y, dentro de la oficina, uno de sus trabajadores cuenta que “cuando atrapamos a un ladrón lo esposamos y lo llevamos abajo a darle verga”.
Catalino es, como muchos salvadoreños, un hombre que piensa que el problema de pandillas debe resolverse a balazos y a propia mano.
“Nací en el campo y era una felicidad ir a bañarse a las pozas, ir a agarrar un garrobo, una iguana. Hoy no te podés ir a bañar, te dejan untado en las piedras”. Su propuesta es: “paredón”. Al violador, al asesino: “fusilamiento”. Se le hace ver que en las pandillas muchos de los asesinos son menores de edad, incluso menores de 15 años. “Paredón", subraya, "no le toca de otra. Antes uno llegaba a los 16 y no había pecado; hoy, de 10, 12 años ya han pecado con mujer. Desde ese momento en que ya pecó, ya tiene conocimiento de sus actos”.
Catalino no admite hasta dónde llegan sus técnicas de choque, pero basta convivir un corto tiempo en su entorno para saber que no se limitan a custodiar las cajas y contratar detectives privados.
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El Zaite es un cantón de Zaragoza al que se llega por una calle angosta que desciende hasta topar en otra calle oscura de la que se desprenden callejones de tierra. Allá abajo está la punta de algunos de los buses de Catalino. Cuando desciende el pickup blanco con El Chele y Tragaperras a bordo, las pocas personas que siguen en la calle ven el carro con temor, bajan la mirada. Este cantón pertenece a la Mara Salvatrucha. Ellos no deciden quién entra, pero sí quién sale. A este carro le tienen respeto. La pandilla es tan dueña de esta zona que incluso ordena el tráfico. Los pandilleros han sido muy enfáticos en que ningún bus o microbús debe circular por una de las calles principales. Nadie lo hace.
“Me piden un dólar o dos dólares cada día”, dice un motorista de Catalino, que baja a El Zaite. Parece una miseria, pero no lo es para los motoristas que con dificultad ganan 10 dólares al día.
Las puntas aquí en Zaragoza son lugares hostiles, de difícil acceso. Es imposible entrar con vehículo sin que los pandilleros lo detecten. Las puntas están rodeadas por veredas que conectan El Zaite con Brisas de Zaragoza. Parecen puntos imposibles de domar.
En Apopa, por ejemplo, o en Quezaltepeque -donde la punta está en zona emeese, atrás del penal- “hay que ser estratégico”, dice Catalino. O sea, que solo contrata gente que vive en la zona. A Apopa, los hombres armados de Catalino no van. Él lleva control del pasaje haciendo conteo de los pasajeros que abordaron las unidades según las cámaras. El hecho de que Tragaperras y El Chele se estacionen a la entrada de Zaragoza a pedir las cajas se debe a que cuando bajaron a Brisas a intentar establecer ahí su retén, los pandilleros empezaron a vigilarlos. “Nos tenían posteados, y eso es un hoyo, solo hay una calle de salida”, dijo El Chele. Con todo y fusiles, el control de las pandillas en su territorio se ha fraguado tras años. Romperlo no es cuestión de una ráfaga. Esto es más bien un equilibrio: alguien —los empleados— paga; unos —los pandilleros— se conforman; otros —los hombres armados— están listos para cuando ese frágil equilibrio se rompa.
Sin embargo, los pocos motoristas que esta noche de abril aún quedan en esas puntas juegan cartas tranquilos o fuman despreocupados y desparramados sobre unas bancas. Su pago diario de extorsión les permite trabajar con cierta normalidad. Pagan por trabajar.
Eso y el hecho de que los emeese de El Zaite ya aprendieron que si atacan a la empresa de Catalino, Catalino responde.
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El 30 de agosto de 2015, cuando iban saliendo del cantón El Zaite en su primer viaje de la madrugada, el motorista de 32 años Élmer Portillo y el cobrador de 25 años Roberto José López, fueron asesinados a tiros por pandilleros. Ambos trabajaban en la ruta de microbuses 42-E, de Catalino. La Policía dijo que había sido por impago de extorsión. Catalino dijo a los medios que creía que era porque ellos vivían en una zona gobernada por una pandilla distinta y eso causó desconfianza entre los emeese de El Zaite.
Uno de los motoristas de Catalino que antes vivía en El Zaite aseguró que tras los asesinatos hubo al menos dos incursiones de los hombres de Catalino. “Hablaban de siete pandilleros desaparecidos”, recordó el hombre de 27 años. “Allá le tienen miedo al jefe”, dijo.
Cuando se le preguntó a uno de los hombres de seguridad de Catalino por lo que pasó en El Zaite, contó que allá tuvieron que “bajar”. Cuando se le preguntó por qué no quedó rastro de eso, respondió:
—Es que si vos te vestís de ropa oscura, como si sos policía, y llegás de noche, nadie va a saber qué pasó.
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—Si me dan chance de jalarle, le voy a jalar, porque estoy entrenado, pero te voy a decir cuáles son mis guardaespaldas: primero, el arquitecto del Universo: y, si tres arcángeles cuidaban al comandante mayor, pues la habilidad que un ser humano debe tener es perder la fe —dijo el empresario salvadoreño Catalino durante la entrevista en su cuartel.
—Confía en Dios y en al menos tres guardaespaldas —se le dijo.
—Y en tres guardaespaldas… Y, ya después de esos tres, confío en mis manos y en la 9 milímetros.
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